A pesar de que Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) haya sido señalado por un posible conflicto de intereses por su doble faceta como president de la Generalitat en su día y hotelero desde hace una semana, distintas voces jurídicas consultadas por este medio lo descartan.
El origen de la polémica radica en el decreto ley que firmó en noviembre de 2023, que restringe la emisión y renovación de licencias de apartamentos turísticos, competencia directa del negocio familiar al que se ha vinculado, renunciando a su sueldo como exjefe del Govern.
Sea como fuere, una figura como la suya debe ser objeto del escrutinio público permanente. Y el señalamiento al expresident es también consecuencia de una medida polémica que tomó por la vía del decretazo --sin pasar antes por el Parlament--, y que levantó polémica.
Por un lado, por su ineficacia en la lucha contra el drama de la vivienda en la que la encasilló; y por otro, por ser excesivamente lesiva para la iniciativa privada. Así se encargó de evidenciarlo la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), a pesar de avalar la norma.