Vanessa Servera, consejera delegada del ICF
Cuando se aborda el colosal problema del acceso a la vivienda en Cataluña -como hizo un crisol de expertos en el foro BCN Desperta-, uno de los asuntos más espinosos a resolver es la financiación. Y es que no sólo se trata de hallar solares donde construir los pisos públicos, sino también de encontrar fondos con los que pagar la construcción.
El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) acaba de anunciar que costeará con 15 millones de euros las obras de la promotora mixta de vivienda social del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La financiera autonómica ayudará a Visoren -que participa en la empresa público-privada junto a Neinor y el propio AMB-, que edificará un total de 130 viviendas de alquiler asequible en Sant Joan Despí y Girona.
Se trata de una iniciativa absolutamente loable por parte del ICF, que se pone al servicio de las necesidades más perentorias de la sociedad catalana. Este, y no otros objetivos como en el pasado, son los que debería perseguir la entidad. Un mérito de su nueva consejera delegada, Vanessa Servera.
