El empresario y expolítico Enric Martínez ha liderado un recurso que cuestiona la adjudicación del contrato de transporte de pacientes renales en la Comunidad Valenciana a la asociación sin ánimo de lucro Alcer, una licitación clave del Ejecutivo de Mazón tras el trágico impacto de la DANA el año pasado.
El antiguo concejal del PP en Lloret de Mar y luego tránsfuga a un partido local que defendía el referéndum ilegal de 2017 justifica su decisión porque "carece de ambulancias y, por lo tanto, no tiene autorización para realizar transporte sanitario", lo cual ha generado mucho malestar en el sector.
Cuesta entender cómo alguien con trayectoria en el ámbito de la salud ponga trabas a una licitación estratégica para asegurar un servicio esencial. El movimiento ha fracturado la patronal que preside, Aetrans. Según los críticos, al menos dos asociados tienen "intereses" en la licitación, por lo que el recurso no habría lugar.
Es solo un episodio más en su trayectoria empresarial y política, marcada por saltos ideológicos y controversias. Ahora, también generando incertidumbre en los pacientes que dependen del sistema sanitario.
