El futuro del polígono industrial que se pretende construir a la entrada de La Bisbal del Penedès (Baix Penedès) enfrenta un nuevo revés, tras revelarse que su alcaldesa, Agnès Ferré, y la teniente alcalde, Judith Vidal, tienen familiares que poseen o han poseído terrenos en la zona afectada por el cambio de uso del suelo.
La polémica ha llegado este mes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), después de que la oposición municipal, agrupada en La Bisbal Decideix, presentara un recurso. Denuncian que ambas responsables votaron a favor de la modificación urbanística en el pleno, en lugar de abstenerse, lo que podría constituir un conflicto de intereses.
Aunque la aprobación del cambio urbanístico se produjo en marzo de este año, meses antes, en septiembre de 2024, la ciudadanía participó en una consulta popular para expresar su postura sobre el proyecto. El resultado fue claro: un 62,6% de los vecinos votó en contra.
En el marco de esa campaña, los vecinos acusan al ayuntamiento de haber utilizado fondos públicos para contratar a una empresa con el objetivo de desacreditar la consulta y promover mensajes favorables al proyecto, lo que ha motivado denuncias adicionales ante la Oficina Antifraude de Cataluña y el Síndic de Greuges.