La diputada de la CUP Laia Estrada durante un pleno del Parlament EUROPA PRESS
La última propuesta presentada por la CUP, encabezada por Laia Estrada, demuestra una vez más hasta qué punto algunos sectores políticos prefieren el dogma ideológico a la realidad educativa y social. Su intención de derogar la ley de 2022 —acordada por una amplia mayoría del Parlament e impulsada por el PSC, ERC, Junts y los Comuns— responde más a una visión cerrada y excluyente del modelo lingüístico, a una batalla en su cruzada política, que a una voluntad real de mejorar la educación en Cataluña.
La ley que ahora se quiere derogar buscaba precisamente encajar las exigencias judiciales en un modelo flexible, coherente con la realidad sociolingüística de los centros educativos: garantizaba el catalán como lengua vehicular, sin renunciar al castellano como lengua curricular. Un equilibrio razonable que evitaba los porcentajes impuestos y, al mismo tiempo, respondía al mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exigía un mínimo del 25% de horas en castellano.
Pero, para la CUP, esa ley fue un error. Un “subterfugio”, dicen, como si reconocer el valor del castellano fuese una amenaza al catalán. Su propuesta no es otra cosa que un paso atrás, un intento de blindar un modelo de inmersión que, en la práctica, está generando importantes déficits en la competencia lingüística de los alumnos en castellano. Es un hecho que Cataluña está por debajo de la media estatal en resultados de Lengua Castellana, y en muchos centros, especialmente en zonas rurales, los niños apenas tienen contacto real con el idioma oficial del Estado.
Cuidar el catalán es una obligación compartida, y ningún actor sensato lo discute. Pero hacerlo a costa de relegar el castellano no es proteger una lengua: es fomentar un monolingüismo artificial que choca con la realidad social y cultural de Cataluña. En un mundo donde dominar varias lenguas es una ventaja competitiva, resulta casi egoísta —cuando no directamente irresponsable— negarle a las nuevas generaciones el acceso completo a una de las lenguas más habladas y útiles del planeta.
La propuesta de la CUP es una cortina de humo ideológica que no responde a las necesidades reales de los alumnos. Cataluña necesita una escuela inclusiva, abierta, y sobre todo, eficaz. No trincheras lingüísticas que penalicen a los más jóvenes en nombre de viejas batallas políticas.
