Cualquier vestigio de lo sucedido está condenado a desaparecer. Esa ha sido la premisa en el modus operandi del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la hora de afrontar el escándalo tras la desaparición de una empleada que había denunciado una agresión sexual a bordo del García del Cid.
La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, está al frente de una de las instituciones más respetables y prestigiosas del país; sin embargo, el organismo público ha preferido pagar 20 días por año trabajado a los 12 tripulantes del buque en vez de cumplir con la legislación y abonar los 33 días, dado el despido colectivo al que se enfrentan.
El que sería el primer ERE de la Administración General del Estado desde la reforma de 2021 servirá como un temeroso precedente para los trabajadores públicos, ya que la baja del barco —producida en 2023— supuso la "desaparición" del centro de trabajo, según el CSIC. Algo que los sindicatos han calificado como ilegal.
Un intríngulis que ha terminado en la jurisdicción social de Barcelona, a la espera de sentencia.