Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, en una comparecencia pública anterior
¿Debe un ayuntamiento poner facilidades al tejido vecinal para que se organice? Es evidente que sí. El activismo ciudadano es necesario en una sociedad democrática, y los entes locales deben tratar de dinamizarlo en la medida de lo posible.
Pero ese derecho colisiona con otro deber: el de las instituciones a conservar su patrimonio y ponerlo en valor, por medio de rendimientos monetarios que, a su vez, les permitan llevar a cabo políticas concretas en otros terrenos.
Esto es, precisamente, lo que no hizo el Ayuntamiento de Barcelona cuando lo gobernó Ada Colau con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Le renovó el alquiler de un local de más de 130 metros cuadrados en pleno Barrio Gótico por una renta irrisoria, casi insultante: 80 euros al mes, o 1.000 euros al año.
En este mismo quartier, los negocios levantados por los sufridos empresarios pagan medias de más de 1.300 euros al mes para alquilar sus locales. Diez veces más.
Por ello, el trato de favor de Colau a la FAVB es hiriente, desproporcionado y carente de sentido, máxime cuando la Federación ya recibe subvenciones públicas directas -sin concurrencia-, y cuando el ayuntamiento tiene activos en otras partes de Barcelona que podrían ser más acordes a la actividad de la asociación.
¿Debe pagar un ayuntamiento el alquiler de una federación vecinal para que ésta viva a cuerpo de rey y, entre otras cosas, lance campañas que benefician al gobierno municipal que lo rige? ¿O ataque al empresariado, en este caso a la restauración? Porque eso es lo que pasó con la FAVB en los dos mandatos de Ada Colau en Barcelona.
Cabría evitar los privilegios para ninguna entidad, o, al menos, acotar el trato al terreno de lo que es razonable.
