Pere Aragonès

El procés y las veleidades nacionalistas de los dirigentes de la Generalitat han dejado en segundo plano un sinfín de cuestiones capitales para la ciudadanía de Cataluña en los últimos años. Algunas de ellas, relacionadas con el ámbito educativo, donde su fijación por marginar el castellano como lengua también vehicular contrasta, por ejemplo, con su inadmisible falta de diligencia a la hora de solventar problemas tan importantes como la elevada tasa de abandono escolar prematuro o los pésimos índices de comprensión lectora, entre los peores de toda Europa.

Algo parecido ocurre con la Formación Profesional (FP) donde, tal como explica Crónica Global, el Govern catalán ha tardado nada menos que ocho años en desplegar un mapa para definir sus necesidades y en crear centros integrados. De tal forma que, ayer mismo, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja, vendió una iniciativa que, según los sindicatos, ya contemplaba la ley de FP de 19 de junio de 2015. Es decir, que llega casi una década tarde.