Responder con insultos --"miserables", "malas personas"-- no es nunca una buena opción. Ni tampoco parece lo más sensato referirse así a los estamentos judiciales --aunque sea a través de Twitter-- cuando la fiscalía pide para quien los pronuncia siete años de prisión. Claro que la prudencia nunca parece haber sido el punto fuerte de Josep Maria Jové, que afronta un juicio por su presunta implicación en los preparativos del referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña de 2017.
El ministerio público pide para el ahora diputado de ERC esa pena --y seis años de cárcel, en el caso del recién nombrado nuevo director del Puerto de Barcelona Lluís Salvadó-- al atribuirle delitos de desobediencia, prevaricación y malversación agravada por su papel en el procés cuando era la mano derecha del entonces vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. Suya fue, supuestamente, la agenda Moleskine en la que se anotaron todas las reuniones y encuentros para preparar el 1-O.
En vez de echar mano de los exabruptos, tanto Jové, como su partido (ERC) y los dirigentes secesionistas en general deberían asumir las consecuencias de sus actos, entre las cuales entra en esta ocasión rendir cuentas ante el Poder Judicial. Sin menoscabo, obviamente, de su presunción de inocencia.