La batería de impuestos diseñada por María Jesús Montero para hacer que las empresas colaboren con las arcas públicas para superar los efectos de la subida de precios y de tipos de interés cuenta con una intención loable pero con formas mejorables. Cualquier miembro de la Administración debe tener en cuenta las consecuencias que podrían tener sus decisiones para los ciudadanos; el hecho de que hasta la justicia haya llegado un reguero de recursos contra estas medidas es reflejo de que se han tomado sin una mínima consulta o negociación con los sectores afectados, banca y eléctricas, que hubieran hecho más sencillo y, sobre todo, menos arriesgado el trámite. El ejemplo ha sido el acuerdo en materia hipotecaria logrado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.