A la Universidad de Barcelona (UB) no le ha servido de nada recurrir las resoluciones judiciales en las que se censuraba el sesgo ideológico del manifiesto a favor de los condenados del procés. El Tribunal Supremo ha dictaminado que las valoraciones políticas en una institución pública rozan el abuso de poder. El rector de la UB, Joan Guàrdia, debe tomar nota.