No debe ser cómoda la posición de Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ejerce debido a un bloqueo político que impide la renovación de los cargos. Pero la renuncia de este órgano de gobierno de los jueces a pronunciarse sobre la reforma del delito de sedición es incomprensible para una ciudadanía que se merece una explicación jurídica sobre un asunto polémico.