La nueva consellera de Justicia de la Generalitat, Gemma Ubasart, parece dispuesta a deconstruir la gestión de su predecesora, Lourdes Ciuró, en materia de okupaciones ilegales. Tras la salida de Junts per Catalunya del Govern, las reformas legales anunciadas serán olvidadas en un cajón, dejando así sin respuesta a decenas de alcaldes que tienen que lidiar con los conflictos vecinales que generan esos allanamientos. Dar la espalda al problema, como pretenden los comunes --que tienen en Ubasart un referente en el Consell Executiu-- solo contribuye a magnificarlo.