Los conflictos competenciales se acumulan en el ámbito educativo catalán. Transferidas las competencias a la Generalitat, el Ministerio de Educación se lava las manos en cuestiones que afectan a la calidad de la enseñanza de los alumnos catalanes. Inhibirse no es la solución, como se ha demostrado en el veto al castellano en los colegios de Cataluña o en la acreditación del dominio del español de los alumnos de bachillerato de esta autonomía que quieren estudiar en otro país.