Jordi Puigneró

Guste más o menos, Barcelona y su ámbito de influencia cuentan con su propia regulación del sector de las VTC. Los operadores del sector, los más conocidos son Uber y Cabify, hace tiempo que alertan de sus carencias y avanzan que será otra vez pasta de litigio. Pero más allá del debate de la seguridad jurídica de la norma, sí tienen razón al advertir de que el tiempo que ha pasado desde su aprobación hasta su entrada en vigor no es suficiente para que las flotas se adapten a los nuevos requisitos.

La crisis de los chips y las tensiones en la producción internacional pasan factura a la automoción y los plazos de entrega de vehículos son mayores a este plazo. No estaría mal que los promotores del cambio legislativo lo tuvieran en cuenta.