La reacción de Gonzalo Boye a la postura del Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) roza lo apocalíptico. De un caso concreto, como es el de su cliente, Carles Puigdemont, eleva a categoría de mazazo contra los derechos humanos el aval a la extradición de un fugado de la Justicia española. El letrado cuestiona la labor de los juristas europeos, empeñado en hacer un casus belli contra España. Y así no.