La SEPI ha realizado un loable esfuerzo durante los últimos dos años para gestionar el fondo dotado con 10.000 millones de euros para apoyar financieramente a empresas estratégicas que se hubiera visto arrastradas por la crisis del Covid-19.
Con todo, las cifras del balance final dejan claroscuros en la labor del organismo que preside Belén Gualda; en el hecho de que se hayan dejado de adjudicar más de 2.100 millones previamente solicitados y que en algunos casos haya sido debido al atasco administrativo generado por el proceso indica que debieron dedicarse mayores recursos técnicos y humanos a una labor tan ímproba.
Polémicas como la de Plus Ultra y el ruido mediático y político generado en torno a casos como el de Abengoa tampoco han facilitado precisamente la tarea del fondos de la SEPI, que llega al final del plazo con una mezcla de sensaciones: la positiva de haber favorecido la viabilidad de grandes empresas y con ello la continuidad de un buen número de puestos de trabajo; y la negativa de haberse quedado a medio camino en el empeño.