El fondo de ayuda a empresas estratégicas de la SEPI ha optado por no aguardar un acuerdo entre la dirección de Celsa y los acreedores de la siderúrgica y remitir ya a la Comisión Europea el esquema de ayuda pública de 550 millones de euros aprobado con el fin de agilizar unos plazos que parecen terriblemente ajustados. De aquí a fin de mes, el Gobierno debe dar el visto bueno a una operación que cuenta en el necesario pacto entre las partes con un obstáculo que está enquistando el proceso hasta el punto de hacerlo peligrar. Con esta maniobra, el fondo dependiente del organismo que preside Belén Gualda no sólo procura acortar tiempos sino también mandar un claro mensaje a la empresa y los tenedores de la deuda para que no pierdan un minuto y acuerden la manera de hacer efectiva la ayuda.