El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pagado los 30.000 euros a los que fue condenado en diciembre de 2019 por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Siempre es bienvenido que se cumplan las sentencias de forma diligente, especialmente cuando afectan a aquellos que ejercen o han ejercido cargos públicos, como es el caso de Torra. Lo que no tiene mucho sentido es que el dirigente nacionalista haya presumido de negarse a cumplir la sanción que le impuso la justicia ("Estoy dispuesto a entrar en prisión", llegó a decir), y menos aún que anime a otros a hacerlo, para después asumir lo inevitable. Y es que, al final, la realidad siempre se acaba imponiendo y deja a algunos en ridículo.