Que los juzgados pidan las cuentas a la escuela Ágora no significa necesariamente que la gestión haya sido fraudulenta. Pero es un golpe para la reputación del colegio elitista de Sant Cugat --cuya defensa se negaba a mostrar los libro--, que se podría haber evitado si la dirección hubiera mantenido una actitud más colaborativa.

Las familias reprochan que se cobraran las cuotas íntegras durante el confinamiento a pesar de que la calidad de la enseñanza se vio perjudicada o se interrumpieron actividades como natación o chino. El centro dirigido por Ricardo Lucena alega que conceder un descuento habría puesto en peligro la sostenibilidad económica de la institución. Las cifras entregadas al juez permitirán aclarar esta cuestión.