Jaume Dulsat

El Gobierno de Lloret de Mar (Girona) instaló un radar en una de las principales vías de acceso a la ciudad para conseguir que los conductores redujeran la velocidad en unas calles donde se puede ir, como mucho, a 40 km/h. Cuatro meses después, el mismo Ejecutivo anuncia su retirada y que contrata a la UOC para que confeccione un informe jurídico del camino que se debe seguir para retirar las más de 4.000 multas que se han impuesto a los incumplidores ante sus quejas.

Tan cierto es que escuchar a los vecinos es especialmente importante en política local, ya que los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía, como que este no es el camino a seguir. Tal y como ya se ha denunciado en el municipio, la medida tiene demasiado de tintes electorales. ¿Quizá no se quiere molestar a los vecinos cuando queda poco más de un año para las locales?