Es innegable que la reforma de la ley de política lingúística supone un gran acuerdo parlamentario. Y un primer paso para resolver el espinoso asunto de la inmersión monolingüe obligatoria en catalán. ERC, como el resto de formaciones que secundan el pacto, tiene sus propios intereses electorales y ha optado por una flexibilización que ya defendía el exconsejero de Educación, Josep Bargalló. El pacto supone una desautorización en toda regla para Josep Gonzàlez-Cambray, que ahora deberá aplicarlo. No será fácil, pero ese importante acuerdo, firmado por la secretaria general adjunta del partido, Marta Vilalta, no puede quedar en papel mojado.