Ada Colau parece haber olvidado, a medida que ha ido avanzando su mandato como alcaldesa de Barcelona, algunos de los principios que regían sus exigencias a otros dirigentes políticos cuando todavía no había accedido al cargo: en concreto, la transparencia y el diálogo.
Sobre el primer punto, en los últimos días hemos tenido una nueva muestra con su intento de evitar la comparecencia del próximo 4 de marzo ante el juez, que la ha llamado a declarar para dar explicaciones sobre la concesión de ayudas públicas a entidades afines, como el Observatorio Desc --en el cual trabajó en el pasado--, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra Pobreza Energética. Unos hechos que ahora se vuelven a investigar, y que la alcaldesa niega que sean constitutivos de delito, a pesar de lo cual su equipo legal ha tratado de recurrir, sin éxito, el auto de admisión de la querella y, de paso, tumbar su imputación judicial.