Endesa ha vuelto a protagonizar un desencuentro con la Generalitat, que ha sancionado a la eléctrica con una multa de 600.000 euros debido a masivos retrasos en la emisión de facturas a sus clientes.
Desde que entró en vigor el nuevo sistema de tarificación, el pasado junio, los problemas a la hora de emitir los correspondientes recibos se han multiplicado, lo que supone una grave irresponsabilidad por parte de la compañía que dirige José Bogas. Como apunta el expediente abierto por la Dirección General de Energía del Govern, la situación pone en riesgo a numerosas pequeñas comercializadoras, que deben seguir afrontando sus costes fijos con buena parte de sus ingresos bloqueados durante meses.
En plena era digital, la adaptación a un cambio normativo no puede servir de excusa para una disfunción tan grave. Además, esto se produce en un contexto de un servicio esencial y con consecuencias que implican a terceros.