Raquel Sánchez

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró este fin de semana que la Ley de Vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado año y que pasará en breve a trámite parlamentario se aprobará en breve y se mostró muy segura de que saldrá adelante, pocos días antes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronuncie al respecto, a través de un informe que se espera desfavorable para la normativa.

Resulta loable la intención y el entusiasmo de la ministra en sacar adelante una norma ambiciosa y que, entre otras cosas, hará posible algo tan necesario como un Plan de Vivienda Social, cuya presentación en Cataluña fue precisamente el contexto elegido para el discurso triunfalista.

Sin embargo, Sánchez debería tener en cuenta que órgano de gobierno de los jueces ha tumbado con notables críticas un informe previo sobre la normativa que la daba por buena en términos generales, lo que parece ser la antesala de un pronunciamiento definitivo desfavorable. Y aunque la consulta no es vinculante sí debería resultar más que útil toda vez que algunos puntos de la Ley, en especial el control del mercado del alquiler, son polémicos y generarán una notable litigiosidad.

Es decir, que si van a ser los jueces los que, sobre todo al principio, tengan la última palabra sobre el funcionamiento de la norma, parece lo más prudente escuchar con atención su punto de vista y dar algo más de tiempo para sacar adelante la norma, en lugar de tener demasiadas prisas, que no suelen ser buenas consejeras.