Activista y beligerante en favor de la inmersión monolingüe obligatoria en catalán, Josep Gonzàlez-Cambray ha decidido que sus hijos acudan a un colegio concertado donde el catalán no es lengua vehicular. El consejero de Educación se puede permitir ofrecer a sus hijos una educación multilingüe, una opción que abre más puertas y que, por el contrario, se niega a aplicar en la escuela pública.
Esa es la principal contradicción en la que incurre el conseller, pero hay más. Ordena ejecutar las sentencias sobre el castellano en la escuela de Canet de Mar y, al mes siguiente, llama a la desobediencia. Invoca las competencias catalanas frente a las injerencias de la justicia, pero se niega a reconocer que el Estatut, la ley de Política Lingüística y la Ley de Educación reconocen que el castellano también debe formar parte del sistema.