La capacidad que tiene Rafael Ribó para apuntarse a cualquier movilización independentista es sorprendente. El ombudsman catalán ha vuelto a demostrar que lo suyo no va de defender a todos los catalanes, sino solo a una parte de ellos. Tras rechazar la aplicación de un 25% de castellano en los colegios, ahora se ha aliado con la Consejería de Educación para fiscalizar el idioma que utilizan los profesores en las escuelas mediante una encuesta a alumnos sin consentimiento de los padres. El sondeo es concienzudo y solo busca tener argumentos para blindar una inmersión que vulnera los derechos de los castellanohablantes.