La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula las plusvalías municipales, supone todo un reto para la ministra portavoz y de Hacienda, ya que deberá abordar una nueva regulación que cumpla con las directrices judiciales sin menoscabar los recursos de los ayuntamientos. Pero, sobre todo, María Jesús Montero debe poner fin a la inseguridad jurídica que genera este gravamen para los contribuyentes.