La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha rectificado con un nuevo Real Decreto sobre medidas para amortiguar el impacto en el recibo de la subida de precios de la electricidad, menos lesivo para las empresas del sector y que devuelve en parte la estabilidad a un ámbito estratégico y en un momento crítico, en el que la seguridad y la predictibilidad son más importantes que nunca para asegurar las inversiones.
No obstante, los cambios, poco más de un mes después de aprobar el primer Real Decreto, dan una cierta sensación de improvisación en el Gobierno, que se reunió con los principales actores del sector una vez que firmó la medida; probablemente, una consulta previa hubiera ahorrado tensiones y el lanzamiento de señales equívocas a los mercados, precisamente cuando menos conviene.
Tampoco es lo más deseable para el Ejecutivo la sensación de que su voluntad haya sido doblegada por el sector empresarial, al margen de las tensiones que a buen seguro generará en la coalición de Gobierno.