Miquel Solà

El alcalde de Collbató, Miquel Solà, decidió hace cinco años cambiar el modelo de gestión del agua de la población. Hasta aquí, una decisión política más. El problema es que la promesa se materializó con la adjudicación a dedo de un servicio esencial para la ciudadanía a otra compañía (es decir, se concesionó) sin concurrencia pública. Así lo decretó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) a finales de 2020 y ahora lo ha ratificado el Tribunal Supremo.

La mala gestión de este caso tiene un impacto doble en el bolsillo del ciudadano de Collbató. El precio de mantener un litigio vivo hasta el Supremo es alto pero, además, ahora el municipio deberá asumir el coste de lanzar un nuevo concurso público para concesionar la gestión del agua municipal con luz y taquígrafos. Es decir, con la competencia entre empresas necesarias.

Este es el principal problema de la gestión ideológica de cuestiones tan básicas como que, por sus dimensiones y presupuesto, el Ayuntamiento de Collbató no puede hacer frente a los costes que supone garantizar que la ciudadanía recibirá agua potable sin problemas de la red y que determinar qué compañía se encarga de ello no lo puede determinar la libre voluntad del gobierno. Ni siquiera del pleno. La normativa de los concursos públicos es suficientemente clara en este sentido.