Intentar fomentar que la mayoría de la población se vacune contra el coronavirus es un objetivo compartido. El problema de la propuesta de Pimec, la suspensión del contrato (y del salario) para los que se nieguen a inmunizarse o a hacerse pruebas para detectar posibles contagios en el puesto de trabajo es que invade el terreno de las decisiones personales y la privacidad. Se reabre un debate repetido durante la pandemia que aún no se ha superado, que la lucha contra el virus no debe implicar un recorte de las libertades y los derechos ciudadanos.