Es incuestionable que el Ingreso Mínimo Vital, que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de José Luis Escrivá, es un gran instrumento para combatir las desigualdades, pero debe ir acompañado de medidas eficaces que garanticen su aplicación.

Un informe de Cáritas y FOESSA advierte de que esa prestación no llega a todas las personas en situación de riesgo de exclusión, especialmente en Cataluña. Algo muy similar ocurre con la caótica Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), creada por el Govern. Por tanto, menos conflicto competencial y más coordinación entre administraciones para ahorrar tiempo y laberintos burocráticos.