El empeño de la Consejería de Educación en defender a una profesora que agredió a una alumna por dibujar una bandera española no solo es preocupante, sino que supone un gasto público que pagamos todos los catalanes. El titular del departamento, Josep González Cambray, nunca debió mantener un recurso contra la apertura de unas diligencias en las que se demuestran algo más que indicios de un delito de lesiones.