El Ayuntamiento de Barcelona ha multado a un propietario con 45.000 euros por, presuntamente, no alquilar un piso a una persona por su origen. 

Aunque la oposición al racismo interpela al conjunto de la sociedad, la actuación municipal entra a cuestionar el principio de propiedad privada. La Administración local deberá argumentar muy bien la sanción o la volverá a perder en los tribunales, como ha ocurrido en otras ocasiones.