El conseller de Economía, Jaume Giró, ha hecho una apuesta demasiado arriesgada al forzar el compromiso del Institut Català de Finances (ICF) con las responsabilidades económicas de quienes usaron fondos públicos para internacionalizar el procés. De hecho, sus palabras tanto del martes como del miércoles ponen en evidencia el fondo de la cuestión: el aval del ICF puede tener consecuencias para aquellos de sus directivos que firmen la operación.
Si la banca privada no ha querido participar en este dispositvivo de ingeniería financiera por desconfiar de su solidez, qué hace la Generalitat instrumentalizando así al ICF, el futuro banco central de su ansiada independencia. Sobre todo, sabiendo como sabe que difícilmente el Tribunal de Cuentas va a aceptar un aval público para tapar un supuesto mal uso de dinero público.