Antoni Cañete, presidente de Pimec, mantiene una larga batalla con las grandes empresas a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que también preside. Las cotizadas, y que están fiscalizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tardan en pagar 191 días a sus proveedores. Eso incide directamente en un tejido empresarial que precisa de una mayor celeridad en los pagos, para que toda la cadena de valor pueda funcionar de forma solvente.
Se triplica el plazo legal permitido, de 60 días, y se incrementa la morosidad respecto a 2019. Con un entorno de mayor liquidez para las empresas que cotizan en bolsa, es poco comprensible esa demora. Y quien lo sufre con mayor escarnio es ese tejido empresarial formado por pequeñas y medianas empresas. Las peticiones de la organización sectorial en este sentido, un régimen sancionador que obligue a cumplir la ley, resultan razonables. Y más en plena crisis del Covid.