El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, deberá asumir un reto mayúsculo, el de negociar lo posible con el Gobierno español. Aunque es lógico que cada político mire y hable para los suyos, llega un momento en el que la retórica entorpece y puede imposibilitar cualquier acuerdo. Aragonès se refiere al Tribunal de Cuentas como la “nueva Inquisición”. Es algo impropio de un mandatario, porque él es el representante del Estado en Cataluña, de un Estado que tiene un órgano constitucional, reconocido en la Carta Magna, con unas atribuciones muy claras como es el Tribunal de Cuentas. A cuatro días de entrevistarse con el presidente del Gobierno no parece muy buena tarjeta de presentación.