El gobierno municipal de Ada Colau en Barcelona sabe desde hace meses que debe abordar la situación del Fairmont Juan Carlos I o el hotel irá a la quiebra.

El Ejecutivo local defiende que necesita sacar a subasta el terreno, lo que ha frustrado la venta del activo a Apollo. El argumento legal es inapelable, pero el equipo de Colau, y sobre todo el de Janet Sanz, deberían haber obrado con más celeridad. Ahora 400 empleos están al borde de extinguirse.