El Gobierno ha planteado la posibilidad de suspender de forma temporal algunos impuestos relacionados con la electricidad para tratar de detener la escalada inflacionista del recibo de la luz. Una iniciativa que ya llevó a cabo en otoño de 2018, cuando los precios se encontraban un 20% por debajo de los actuales, con efectos positivos, aunque posteriormente decidió revocar la medida.
La iniciativa de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es loable y, además, ataca a una de las raíces del problema que hace a España tener una de las facturas más caras de Europa. Un mecanismo mucho más realista y efectivo que otras posibles medidas de corte populista que se han propuesto pero que, en cualquier caso, llega algo tarde, cuando el mercado está ya muy tensionado y a las puertas de una época de incremento de demanda que podría minimizar su efecto. Ribera debería haber sido más permeable a los mensajes que llegaban con insistencia desde el sector.