El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, insiste en proponer una reforma estatutaria que termine en el consiguiente referéndum, una salida para el conflicto político permanente de los nacionalistas catalanes. Es una posibilidad que no ha sido reclamada por el independentismo y tampoco por el grueso del constitucionalismo. Y podría fomentar un nuevo debate de desgaste que daría cancha a los discursos victimistas, otro episodio para su relato; otra oportunidad para la deslealtad.
¿Es ese el camino? Si ese nuevo texto incluye un sistema de financiación renovado y deja claro que las lenguas oficiales de Cataluña son vehiculares en la enseñanza, como sentenció el Tribunal Constitucional, pese a admitir el apoyo a una de ellas en caso de pudiera encontrarse en desventaja, entonces se habría avanzado algo.
Someterlo a consulta popular estaría justificado en esas condiciones, aunque supondría un enorme riesgo. Tanto, como los indultos.