La ministra de Igualdad, Irene Montero, denunció el sábado en TV3 que “existe una fuerte campaña de criminalización del movimiento feminista por parte de la extrema derecha”. De forma paradójica, Madrid será la única comunidad donde las concentraciones del 8M estarán prohibidas por decisión de la Delegación del Gobierno. El Ejecutivo que así lo ha decidido no lo integra la extrema derecha que, según Montero, criminaliza el movimiento feminista, sino su propio partido, Unidas Podemos, junto al PSOE.