El Govern no pierde ocasión de marcar perfil identitario y exige a los empresarios que quieren acceder a ayudas para luchar contra la crisis del Covid, que utilicen el catalán en sus comunicaciones internas. Una exigencias inoportuna e incluso ilegal, pues el Tribunal Constitucional aseguró en una sentencia relativa a las multas lingüísticas que la Generalitat no puede imponer una lengua a la actividad empresarial.

Pero el consejero de Empresa, Ramon Tremosa, ha sido nombrado precisamente para eso, para hacer apología nacionalista.