Francesc Esteve, jefe de los Servicios Jurídicos de la Generalitat, tiene la oportunidad de demostrar que, efectivamente, el Govern tiene entre sus prioridades la lucha contra la corrupción. El presidente Quim Torra le ha encargado que analice si las arcas públicas sufrieron un perjuicio en el llamado caso 3%, algo que a estas alturas parece más que probado, para decidir si el Ejecutivo catalán se presenta como acusación contra CDC. Los precedentes, en este sentido, no son buenos y, hasta ahora, la Generalitat ha intentado tapar esas corruptelas convergentes.