No se puede negar que el gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Burón, no ha probado soluciones imaginativas para revertir la escasez de pisos de alquiler asequible en la Ciudad Condal. Su equipo ha puesto en práctica distintas fórmulas para ampliar el parque municipal, muchas de ellas imaginativas.
No obstante, Burón, un reputado experto en la materia, o su superior política, Lucía Martín, se han pasado de rosca con la embestida al sector privado. En lugar de buscar un aliado --que la urbe necesita para el operador metropolitano de vivienda-- la concejalía de Vivienda ha freído a multas a los promotores, ha atornillado a la patronal de pisos turísticos y ahora amenaza con expropiaciones exprés. Son medidas que torpedean la seguridad jurídica en la segunda mayor ciudad española.