Mientras no se proceda a cambiar el sistema de elección, cualquier nombramiento en los estamentos judiciales estarán bajo sospecha. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer las listas de candidatos a las tres plazas vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, algo de por sí positivo.
Si no fuera porque el Ministerio de Justicia, cuyo titular es Juan Carlos Campo, debería abordar ya nuevas fórmulas de elección de los miembros del propio CGPJ, así como del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, para reducir la politización y la servidumbre del poder judicial a los partidos.