Es indudable que el problema de la okupación en España tiene su raíz en las laxitud del ordenamiento jurídico respecto a los delincuentes que asaltan las viviendas y en la lentitud de la justicia. Ante esta situación, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen poco margen de actuación.
Sin embargo, las cifras oficiales ofrecidas por los Mossos d'Esquadra sobre sus actuaciones en este ámbito en Cataluña son poco serias. Tipificar como "resueltos" el 85% de los casos de okupación por el simple hecho de identificar al allanador --sin expulsarle de la vivienda okupada-- y ofrecer un balance de 23 detenciones relacionadas con estos delitos ante más de 2.200 okupaciones registradas en la comunidad en el primer trimestre del año roza el esperpento. El director de la policía autonómica, Pere Ferrer, debería ponerse las pilas con este asunto.