La diputada y portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso está en una situación apurada y con una salida difícil. Ella lo sabe y por eso atribuye a las "cloacas del Estado" los problemas judiciales con que se va a encontrar en el Tribunal Supremo. "No podrán demostrar nada"; "no se ha malversado ni un euro público", las frases con las que Laura Borràs trata de echar pelotas fuera, pero que esconden que efectivamente hizo lo que se llama "menores" en el argot administrativo para trocear contratos y eludir el control cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Lo primero que diría alguien que huyera de la altivez y ese espíritu de supremacismo que caracteriza a la clase convergente sería pedir disculpas por haber entregado casi 260.000 euros a un proveedor-amigo que ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco años por narcotráfico.