No hay duda de que es una buena noticia que los dirigentes de JxCat con cargo público apelen a la Constitución para defender su actuaciones. Sobre todo si se tiene en cuenta que, hace apenas dos años, esta formación lideró el proceso insurreccional para lograr la secesión de Cataluña en contra del orden constitucional. Sin embargo, tratar de justificar su inacción ante los cortes que el independentismo radical realiza en la Meridiana de Barcelona cada día desde hace dos meses señalando que se trata de una manifestación --derecho recogido en la Carta Magna-- roza la desvergüenza. Nadie duda de que la Consejería de Interior, dirigida por Miquel Buch, tomaría medidas mucho más contundentes si un boicot similar lo hiciesen activistas constitucionalistas.