Miquel Buch

La manifestación de que el Govern de la Generalitat solo trabaja, cuando lo hace, para una parte de los catalanes no puede ser más descarada que en las cuestiones relativas al orden público y a la protección de los derechos a la libre circulación de los ciudadanos. Los Mossos d'Esquadra permanecen impasibles ante las continuas y numerosas alteraciones que el mundo independentista perpetra en puntos vitales para la vida económica y social de los catalanes.

Han tenido que ser los gendarmes franceses los que empezaran a retirar a los alborotadores que cerraban el acceso a su país desde La Jonquera con métodos expeditivos para que la policía autonómica empezara a moverse. Pocas horas más tarde, el independentismo que se oculta para las siglas CDR o el mal llamado Tsunami Demodràtic colapsaba de forma caprichosa los principales accesos a Barcelona, la AP-7 y otras vías catalanas. ¿A qué espera el consejero de Interior para garantizar los derechos de todos? Puede que la policía deba mediar cuando se produce un conflicto entre dos o más partes, pero no es el caso. Aquí, lo que ocurre de forma reiterada es que unos ciudadanos impiden a otros el ejercicio de sus derechos básicos. El Estado, representado por la Generalitat, debe protegerlos frente a quienes se han apoderado de las calles.