El presidente del Parlament debería aclarar su posición respecto a la legalidad. Puede acusar al Gobierno central de judicializar la vida política, pero ha de saber que es él precisamente quien lo hace cuando persiste en bordear la ley de forma continua.

En su competición con JxCat y el resto de los nacionalistas para ver quién va más allá, Roger Torrent asume el riesgo de que se le vaya la mano y desobedezca los reiterados llamamientos del Tribunal Constitucional, lo que tendría consecuencias para él como las ha tenido para su antecesora. Debería repasar las últimas confesiones de Carme Forcadell cuando alude a los catalanes que no tuvo en cuenta. Como Quim Torra, Torrent tiene la obligación de trabajar para el 100% de los catalanes.